Junto a cinco investigadores internacionales, el investigador de SMI Chile, Dr. Nigel Wight, publica un artículo científico de alto interés para la discusión sobre la transición energética global: “Política de minerales para la transición energética de Australia, Chile y Finlandia: tendencias e implicancias”, se titula este estudio que forma parte de la última edición del journal Resources Policy.
Además del Dr. Nigel Wight, los autores de este paper son: Diana Carolina Arbelaez-Ruiz, Rauno Sairinen, Julia Loginova, Juha Kotilainen y Tina Soliman-Hunter.
El estudio realiza una interesante revisión comparada de la política de minerales críticos de estos tres países líderes en producción minera, indagando en cómo los gobiernos han respondido al incremento en la demanda por minerales críticos para desarrollar energías renovables, diseñando políticas en sus cadenas de valor de estos minerales, a fin de aumentar sus reservas, maximizar ingresos y beneficios económicos, desarrollar capacidades nacionales, generar mayor valor agregado, y también fortalecer sus alianzas internacionales. También profundiza en cómo deben abordar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, así como los pasivos y los impactos acumulativos asociados a la expansión industrial.
“En Australia y Chile”, -dice el texto- el histórico protagonismo de la industria minera ha dado forma a influyentes «comunidades de política pública» centradas en la minería, mientras que en Finlandia la comunidad de políticas ha adoptado un enfoque más amplio, basado en ecosistemas industriales. Las redes de actores que promueven una participación crítica contribuyen a ampliar el foco de las políticas para incorporar la gobernanza social y ambiental, así como los derechos de los pueblos indígenas, mediante innovaciones en materia de políticas públicas. Entre los ejemplos destacan la concepción chilena del conocimiento industrial y ambiental como un bien público y el fortalecimiento de las atribuciones de los municipios en Finlandia.
“Si llegan a implementarse plenamente —incluyendo mecanismos como el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas—, las innovaciones impulsadas por estas redes de participación crítica tienen el potencial de contribuir a un mejor equilibrio entre el crecimiento industrial y las prioridades sociales y ambientales”.
Estas redes de participación crítica -continúa- promueven el fortalecimiento de la gobernanza social y ambiental, así como de los derechos de los pueblos indígenas, incrementando su influencia especialmente en contextos de conflicto, de pasivos históricos o de desastres industriales. Entre los mecanismos que respaldan la acción de estas redes destacan los tribunales ambientales en Chile y las peticiones ciudadanas y mayores atribuciones municipales en Finlandia. Estos instrumentos permiten que actores como los pueblos indígenas, las comunidades anfitrionas y las organizaciones no gubernamentales ambientales promuevan mecanismos de control y equilibrio durante la expansión industrial.
“Algunas de las soluciones de política pública propuestas por Chile -se afirma- muestran un potencial significativo para equilibrar el crecimiento industrial con las prioridades sociales y ambientales. Entre ellas destacan la propuesta de ampliar las áreas de conservación ambiental en los salares y la innovadora concepción del ‘conocimiento como bien público’, mediante la participación del Estado en el sector del litio”.
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